REGISTRO CIVIL

29/09/2010
11:09:50

INVIERTEN 50 MILLONES DE EUROS SIN LICITACIÓN PÚBLICA
El nuevo Registro Civil en línea hace agua por el enfrentamiento entre Industria y Justicia
EL CONFIDENCIAL Pilar de Miguel.- 29/09/2010
El nuevo sistema de Registro Civil en Línea no está técnicamente en condiciones de empezar a funcionar el próximo mes de octubre, tal y como estaba previsto en el calendario de actuaciones del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia. Y en caso de comenzar a operar en esas fechas, sería un caos, aseguran las fuentes.
A un año de su presentación en sociedad, uno de los ejes centrales del Plan de Modernización, el Registro Civil en Línea, está en peligro debido, entre otras causas, a la falta de entendimiento entre los equipos de de Justicia e Industria. Ambos ministerios debían haber coordinado la puesta en marcha del nuevo sistema que permitirá a los españoles realizar a través de Internet las gestiones que ahora requieren de su presencia en los registros y, en la mayoría de ocasiones, aguantar largas colas. Se acusan unos a otros de falta de capacidad y experiencia para acometer un trabajo de tal envergadura.
Esta mala sintonía se pone en evidencia en un informe interno de Red.es, la empresa pública dependiente del Ministerio de Industria para el impulso de las TIC en España –Tecnologías de la Información y la Comunicación-, al que ha tenido acceso El Confidencial y que deja claro que, en lugar de haber colaborado en el diseño de un plan de sistemas informático, se han pasado los meses tirándose los trastos a la cabeza. Y discutiendo si eran galgos o podencos, se pasó el tiempo.
Finalmente, el pasado mayo, viendo que el plazo se estaba agotando, la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia pidió ayuda a Red.es para “gastar”, antes del 30 de junio, 50 millones de euros presupuestados para la adquisición de equipos y software. En caso contrario, el dinero debía ser devuelto a las arcas del Estado. Por ello, desde Justicia pedían a Industria un esfuerzo para invertir el dinero, por supuesto, sin pasar por una licitación pública, para la que no había tiempo material. “Los gastos tienen que ser lógicos y justificables”, decía el informe.
Red.es tiene suscrito un convenio con el ministerio de Justicia –al igual que con otras muchas administraciones públicas- para prestar asesoramiento y apoyo técnico en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.
Cuando se dieron cuenta que el plazo se agotaba y no había prácticamente nada hecho, los de Industria decidieron que no se querían “mojar” en algo que, según el informe, es muy comprometido: “Las decisiones (de compras) van a ser sin fundamento real y estamos hablando de mucho dinero público, ¡vamos que es para portada de El Mundo tomar decisiones así!”. “Si tienen mucha prisa –continúa el informe- que contraten lo que quieran y ya veremos cómo se va ajustando un plan de sistemas con las decisiones que tomen.”
Es decir, que como en un año no se había ejecutado el presupuesto, antes de tener que devolver el dinero, decidieron gastarlo en lo que les ofrecieran las empresas y, a posteriori, elaborar un estudio de sistemas que justificara que esas compras respondían a las necesidades reales. Era como levantar un edificio y, una vez terminado, hacer los planos.
El informe, que tiene fecha 7 de mayo de 2010, está redactado de forma muy coloquial por el responsable de la coordinación del trabajo entre Red.es y Justicia y va dirigido al director General de Red.es, Sebastián Muriel . Desde Red. es recomiendan a sus colegas de Justicia hablar con un grupo de empresas “de confianza y pedirles que en un mes hagan un análisis y propongan qué comprar. El problema es que caes en manos de las empresas que te venderán lo que quieran. Ellos (el Ministerio de Justicia) no tienen el conocimiento suficiente ni la proyección de necesidades a largo plazo que les permita tomar alguna decisión lógica y los fabricantes les van a vender la máquina más cara y más gorda. Vamos, que si ésta es la solución voy a hablar con los fabricantes para que me busquen un hueco y hago la venta de la década de una tacada”.
El informe continúa, “el resumen es que no saben qué hacer, cómo hacerlo y la gente que tienen (en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia) no tiene capacidad de tomar decisiones porque no saben de sistemas (informáticos). ¿Y qué coño han estado haciendo hasta ahora?”.
Un objetivo de difícil cumplimiento
Es de imaginar que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no tenía idea de cómo estaba la situación cuando el pasado 23 de julio anunció que el Consejo de Ministros había aprobado el proyecto de Ley de Registro Civil para su remisión a las Cortes y que en octubre entraría en funcionamiento el nuevo sistema registral que tendrá al ciudadano como "eje central" y además supondrá una "desjudicialización", es decir, que liberará a los jueces de tareas que no aportan valor a su función.
El objetivo de este proyecto -según Fernández de la Vega- es agilizar y eliminar trámites burocráticos innecesarios y configurar un Registro Civil electrónico, moderno, rápido, accesible y único para toda España. Dejará de expedirse el tradicional libro de familia y permitirá que los ciudadanos puedan acceder a una base electrónica para consultar sus datos en cualquier momento y desde cualquier lugar del país. El Registro Civil en línea estará operativo el próximo mes de octubre”, concluyó la vicepresidenta. Y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño afirmó que “el Proyecto de Ley del Registro Civil supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957. El Ministerio de Justicia cumple así con otro de sus objetivos claves para esta legislatura”.
No cabe duda de que el proyecto de Registro Civil es ambicioso y, cuando funcione a pleno rendimiento y con eficacia, evitará la pérdida de miles de horas de trabajo a los españoles y a jueces y funcionarios de justicia dedicarse a tareas más acordes con sus funciones. Pero un anuncio tan prematuro sin tener la seguridad de que todo estaba listo para entrar en funcionamiento puede suponer un fiasco para los ciudadanos y un nuevo revés para el Gobierno